Ruanda: Tribunal arriesga brindar 'Justicia del Vencedor'

Ruanda: Tribunal arriesga brindar 'Justicia del Vencedor'

Tribunal debe perseguir enérgicamente los crímenes del Frente Patriótico Ruandés

Junio 1, 2009

El fracaso del Tribunal para abordar los crímenes de guerra cometidos por el Frente Patriótico Ruandés arriesga dar la impresión de que sólo brinda ‘la justicia del vencedor’. Eso es un mal legado de este esfuerzo histórico de la justicia internacional.

Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch

(Nueva York) - El Tribunal Penal Internacional para Ruanda debe acusar, de manera urgente, a los altos funcionarios del Frente Patriótico Ruandés (FPR) que presuntamente cometieron crímenes de guerra en Ruanda en 1994, dijo Human Rights Watch en una carta enviada hoy al Jefe de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Hasta la fecha, el Tribunal sólo ha juzgado figuras en puestos de liderazgo responsables por el genocidio de Ruanda de 1994 y no ha logrado llevar a juicio los casos contra oficiales del FPR, a pesar de que cuenta con la jurisdicción para perseguir estos delitos. El 4 de junio de 2009, el jefe de la fiscalía, Hassan Jallow, y el presidente del Tribunal, el magistrado Dennis Byron, informarán al Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York sobre el avance de los juicios por genocidio del Tribunal en los últimos seis meses. El mandato del Tribunal le obliga a enjuiciar a los responsables del genocidio y otras graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en Ruanda en 1994. Sin embargo, a diferencia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, que ha perseguido los crímenes cometidos por todas las partes en el conflicto, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda ha enjuiciado a personas pertenecientes a un solo lado. El Frente Patriótico de Ruanda es ahora el partido gobernante del país. "El fracaso del Tribunal para abordar los crímenes de guerra cometidos por el Frente Patriótico Ruandés arriesga dar la impresión de que sólo brinda ‘la justicia del vencedor’", dijo Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. "Eso es un mal legado de este esfuerzo histórico de la justicia internacional." En 1994, el Gobierno de Ruanda, con la asistencia de decenas de miles de soldados, milicias, y ciudadanos ordinarios, iniciaron una campaña genocida para acabar con la población tutsi del país. La campaña se llevó a cabo durante más de tres meses, y condujo a la muerte de hasta 800,000 tutsis y hutus moderados, mientras la comunidad internacional observó y fracasó en poner fin a la masacre. El Frente Patriótico de Ruanda, dominado por los tutsis y encabezado por el actual presidente Paul Kagame, terminó el genocidio después de una campaña militar en la que sus fuerzas mataron a decenas de miles de civiles en el mismo período de tres meses. "La búsqueda de justicia para las víctimas de los crímenes del FPR no niega el genocidio ni equipara estos delitos con genocidio," dijo Roth. "Simplemente afirma que todas las víctimas, independientemente del poder de los presuntos autores, tienen el derecho a que se haga justicia". Los crímenes cometidos por el Frente Patriótico de Ruanda han sido bien documentados, incluso por una Comisión de Expertos de las Naciones Unidas en 1994, que llegó a la conclusión de que el grupo "perpetró violaciones graves del derecho internacional humanitario" y "crímenes contra la humanidad." Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, entre abril y agosto de 1994, el FPR asesinó entre 25,000 y 45,000 civiles. Por lo menos cuatro organismos de las Naciones Unidas, Human Rights Watch y otras organizaciones no gubernamentales también han documentado los crímenes del FPR. El Tribunal ha investigado los crímenes cometidos por el FPR durante más de 10 años y ha reunido testimonios de testigos y evidencias físicas. En lugar de perseguir el enjuiciamiento de estos casos en el tribunal basado en Tanzania, el jefe de la fiscalía Hassan Jallow decidió en junio de 2008 transferir los archivos de los sospechosos del Frente Patriótico Ruandés a Ruanda para un enjuiciamiento interno. En ese momento, dos de las salas de primera instancia del Tribunal habían negado las peticiones para transferir los casos de genocidio pendientes a Ruanda, sobre la base de que el poder judicial de Ruanda no podía garantizar un juicio justo. "Dada la decisión del Tribunal de no transferir casos de genocidio a Ruanda por temor a la injerencia política de las autoridades ruandesas, es difícil entender por qué el fiscal envió a estas mismas autoridades un caso sensible del Frente Patriótico Ruandés para su enjuiciamiento", dijo Roth. "El Fiscal debió haber garantizado la prevalencia de la justicia al procesar los casos en el Tribunal ante un panel de jueces justo e imparcial ". En un informe al Consejo de Seguridad de la ONU en junio de 2008, Jallow se comprometió a vigilar de cerca el juicio del FPR ruandés y a detener el caso si el procedimiento no cumpliera con las normas internacionales. El enjuiciamiento de los oficiales del FPR en Ruanda ha demostrado ser un encubrimiento político. Autoridades de Ruanda detuvieron a cuatro oficiales del ejército en junio de 2008 y los acusó de crímenes de guerra por la matanza de 15 civiles en 1994, incluidos 13 miembros del clero y un niño de 9 años de edad. El juicio duró sólo unos cuantos días con poca a ninguna atención internacional. La Oficina del Fiscal del Tribunal envió a un observador por un día al juicio, a los argumentos de cierre, y al veredicto. Dos de los oficiales confesaron el asesinato y fueron condenados a ocho años de cárcel (durante la apelación, esta condena fue reducida a cinco años). Otros dos altos funcionarios fueron absueltos. La Oficina del Fiscal aún no ha hecho una declaración que indique si el juicio obedeció las normas internacionales sobre un juicio imparcial. "La Oficina del Fiscal no supervisó diligentemente el juicio y todavía no ha declarado públicamente si se cumplieron las normas internacionales", dijo Roth. "El fiscal Jallow debe proporcionar su evaluación cuando brinde su informe al Consejo de Seguridad y comprometerse a buscar el procesamiento de otros casos del Frente Patriótico Ruandés. Fallar en hacer esto traicionaría los derechos de las familias de las víctimas para obtener justicia y podría socavar la legitimidad del Tribunal en los ojos de las generaciones futuras. "